Un nuevo confinamiento domiciliario y paralización de actividades no esenciales podría llegar a reducir la actividad del transporte

·   En las últimas semanas varias Comunidades Autónomas vienen planteando al Gobierno central la modificación del actual Decreto de estado de alarma para posibilitar un nuevo confinamiento domiciliario de la población y el cierre de las actividades económicas no esenciales, lo que ocasionaría un perjuicio irreparable a la economía española a juicio de Fenadismer.

·      En el anterior estado de alarma que el Gobierno español decretó la primavera pasada por la crisis sanitaria, el transporte de mercancías en España llegó a contraerse hasta en más de un 52% en los períodos de mayor restricción de la actividad económica.

La expansión de la pandemia del coronavirus en España en esta tercera ola, tras el período navideño, está provocando la aplicación de numerosas medidas restrictivas en toda la geografía nacional, que van desde retrocesos a distintas fases de la desescalada hasta confinamientos perimetrales, que sin embargo no están consiguiendo atajar el incremento descontrolado de contagios del covid-19 en la mayor parte de las regiones españolas.

Ello está motivando que varias Comunidades autónomas estén planteando la modificación del actual Decreto de estado de alarma para permitir un nuevo confinamiento domiciliario y el cierre temporal de las actividades económicas declaradas no esenciales para tratar de controlar la curva ascendente de transmisión de la pandemia que se viene produciendo en las últimas semanas en nuestro país.

De llevarse a efecto dicha medida, que es analizada con enorme preocupación por FENADISMER, tendría un efecto muy negativo en la actividad económica, llegando a ocasionar en esta ocasión un perjuicio irreparable en muchos sectores de actividad, como ya se demostró durante la primera ola de la pandemia, en la que durante el estado de alarma decretado por el Gobierno se  llegó a reducir el transporte de mercancías en España hasta en más de la mitad, lo que denotó el fuerte impacto negativo que tal medida supuso para la economía española, teniendo en cuenta que el transporte por carretera transporta casi el 95% de las mercancías que se mueven en nuestro país.