· Dicha tramitación es
consecuencia del acuerdo el pasado mes de Junio de la Comisión de
Reconstrucción Social y Económica promovida en el Congreso de los Diputados,
que incluía el establecimiento de un régimen sancionador contra la morosidad
que sufren las pymes españolas, como viene históricamente reivindicando la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte Fenadismer
en representación del sector del transporte.
· Fenadismer muestra su preocupación porque dicha tramitación pueda afectar al proyecto de régimen sancionador para el sector del transporte que el Ministerio de Transportes se comprometió a aprobar entre las medidas ofrecidas a las asociaciones para desconvocar el Paro.
Como se recordará, entre los acuerdos adoptados el pasado mes de Junio en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida en el Congreso de los Diputados para establecer medidas de reactivación del país tras la crisis ocasionada por la covid, una de las medidas incluidas era la aprobar con carácter inmediato un régimen sancionador de lucha contra la morosidad, que corrija las prácticas abusivas en materia de plazos de pago que afectan especialmente a pymes y autónomos. De este modo, se daba respuesta a una histórica reivindicación de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte Fenadismer en representación del sector del transporte, que en los últimos años viene exigiendo el establecimiento de un código sancionador con el objetivo de proteger al pequeño empresario frente a la imposición y abusos de sus pagadores, principalmente empresas y Administraciones Públicas.
En base a dicho compromiso adquirido, el Grupo Parlamentario Plural ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, cuya toma en consideración tendrá lugar el próximo martes 22 de septiembre
Cabe
recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad,
aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días
contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en
todo caso que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la
práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en
dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de
dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos
extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER,
en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que
en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen la ley de
morosidad, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días
de media, habiéndose producido un incremento tras la crisis sanitaria.
En este sentido, FENADISMER manifiesta su
preocupación porque la tramitación de dicha proposición de ley, que será de
aplicación a todos los sectores
económicos una vez aprobada, pueda afectar al proyecto normativo en el que
trabaja el Ministerio de Transportes, para
establecer un régimen sancionador específico
para el sector del transporte, en base al compromiso asumido con las
asociaciones de transportistas el pasado mes de Julio, y que, junto con otras
medidas, supuso la desconvocatoria del Paro Nacional previsto para la última
semana de dicho mes.
